A nadie se le escapa el alto índice de incumplimiento de la legislación vigente por parte de un gran número de empresarios, principalmente pequeñas empresas y autónomos, aunque la gran mayoría si que cumple con sus obligaciones en todos sus ámbitos.

¿Realmente interesa a los políticos de turno poner orden en esta materia, hacer cumplir la ley y arriesgarse a ver como aumentan las cifras de paro, aunque sea momentáneamente?

¿Realmente interesa a los sindicatos “meterse en este jardín” y utilizar todos los medios de presión para que ningún trabajador vea perjudicados sus derechos?

Para conseguir una sociedad donde todas las empresas y trabajadores lleven a cabo sus obligaciones y derechos, bastaría con la puesta en marcha un operativo técnico y humano, muy similar al implantado en materia de multas de tráfico donde su eficacia y rentabilidad para el estado nadie pone en duda.

Con medios técnicos e inspectores de trabajo suficientes, el estado podría cambiar el orden laboral en el que el cumplimiento de las condiciones se vería rápidamente mejoradas y que al igual que el código de la circulación, los convenios se respetarían a rajatabla.

Una falta grave en materia de circulación, el estado, en un alto porcentaje la cobra en una media de 10 días incluido un juicio rápido en 24 48h y sería interesante conocer el balance económico que esto deja al estado por no mencionar las cifras positivas que año tras año se reflejan en la circulación. 

La gran pregunta que queda sin respuesta es la de saber cuantos cierres de empresas y empleados al paro esto provocaría, aún a costa de una mejora considerable en las condiciones de los trabajadores y que una vez más, los políticos ponen en la balanza para analizar la situación, pero siempre en materia de votos porque claro está que no es una cuestión de inversión para el estado, si acaso una inversión muy positiva en materia económica.