Después de 3 años de pandemia, la OMS ha declarado el levantamiento del estado de emergencia por Covid-19 al mismo tiempo que la practica totalidad de la administración española pasa por su peor momento desde que comenzó la pandemia hace 3 años.

La saturación y colapso de la Seguridad Social y de la administración de justicia, hacen que España retroceda considerablemente como sociedad moderna y avanzada, encaminándose peligrosamente hacia una senda de “desorden y desconfianza” con una pérdida de solvencia considerable.

Durante décadas, toda la administración atendía a sus usuarios, con tiempos de espera y colas más o menos asumibles, pero se atendía a las necesidades de los ciudadanos, cosa que hoy en día esto ha desaparecido y se ha reemplazado por las llamadas “citas telefónicas” por no llamarlo “milagros telefónicos”.

 Tenemos a personas que esperan 300 días para cobrar una pensión (¡¡¡10 meses !!! y de que vive la gente?). Personas que esperan más de 150 días para cobrar una pensión de invalidez, agravado por el colapso sanitario que en 2022 reconoce haber dejado a más de 4 millones de llamadas sin atender. 

A la situación de COVID se suma el descenso de la plantilla de sanitarios que en 10 años se ha reducido cerca del 30% pasando de 36.000 trabajadores a 26.000. Con la paradoja de que las citas en la Seguridad Social se revenden en internet como si fueran entradas de fútbol, pero como la recaudación de la Seguridad Social pues “aquí no pasa nada”.

Eso sí, los gobernantes presionan a los empresarios para que aumenten sus contrataciones y disminuyan la temporalidad, al mismo tiempo, el estado tiene al 30% de sus trabajadores con contratos temporales, el doble que el sector privado.